Tesis (magister en Gestión de las Organizaciones) Universidad Autónoma del Caribe, programa Posgrado, 2018

RESUMEN:
Partiendo del hecho de que todas las personas, sin importar la condición deben disfrutar de los mismos derechos, resulta inadmisible que con el pasar de los años siga existiendo la discriminación de individuos que presentan alguna discapacidad, y que se continúe creando leyes que presionen al estado, a las instituciones educativas, empresas, organizaciones y ciudadanos en general, a actuar de manera inclusiva, con respeto, justicia, equidad e igualdad frente a ellos. Y es que según el Informe de la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 15% de la población mundial, ello sin contar el incremento en los últimos años. (Organización Mundial de la Salud - Banco Mundial, 2011)

Aquellos que no presentan alguna condición de discapacidad conocen la relevancia que tiene para el ser humano sentirse aceptado, valorado, digno, respetado, de allí la importancia de asumir una postura decisiva y clara que permita que las personas con mencionada posición no tengan que asumir más limitaciones, señalamientos y abusos, es decir, no se perpetúe la discriminación en todo y cada uno de los ámbitos en los cuales se desenvuelvan. Lo anterior, porque es evidente la violación constante de sus derechos en los espacios educativos, de salud, participación, integración social, en la movilización, habilitación y rehabilitación, en el acceso a los espacios públicos, y ante todo, en el ámbito laboral.
Y es que se sigue contando con una representación, en su mayoría negativa, equívoca o cargada de pesar hacia ellos, la cual aleja ampliamente de la comprensión de sus capacidades, habilidades, valores, saberes, aptitudes, y hace en ocasiones, rechazarlos, o por el contrario, maximizar la atención para que se sientan aceptados, asumiendo comportamientos desbordados que vuelven a restar
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valor a esa persona en situación de discapacidad al considerarla incapaz de hacer, de ser, de saber hacer.
A sabiendas de los avances constantes producto de un mundo globalizado que conlleva a exigencias crecientes en las organizaciones, es necesario que todos sus colaboradores cumplan con los conocimientos, actitudes, valores y habilidades; estas, observables, medibles y evaluables, que permitan el desempeño exitoso en el puesto de trabajo, para alcanzar así, las metas y objetivos organizacionales. Por lo anterior, cobra relevancia la implementación de un adecuado proceso de selección por competencias al interior de las organizaciones, en el cual se evalúen dichos elementos en la persona (saber, saber hacer y saber ser), en relación con los requerimientos del cargo a desempeñar. Tal como menciona Chiavenato, I. (2000), la “selección busca entre diversos candidatos, a quienes sean más adecuados para los puestos que existen en la organización o para las competencias que necesita; y el proceso de selección, por lo tanto pretende mantener o aumentar la eficiencia o el desempeño humano, así como la eficacia de la organización”.

Por lo expuesto, es claro que dentro del proceso de selección se evalúan las competencias del saber, saber hacer y ser, de allí que algunas condiciones de discapacidad no pueden convertirse en una limitante toda vez que la persona cumpla con los saberes, habilidades y actitudes propias para desenvolverse en determinado cargo dentro de la organización. Así como lo cita Zayas (2010), “seleccionar no implica escoger a unos discriminando a otros, sino que la selección brinda la posibilidad de orientar y clasificar a las personas en función de sus potencialidades, y contribuir a la formación y desarrollo de los candidatos en la necesaria interrelación hombre-trabajo”. Es evidente la labor que se viene desarrollando en Colombia en materia de empleo, todo ello apoyado por el Ministerio de Trabajo como ente garante de la formulación, adopción y como orientador de la política pública en materia laboral, este que puso en marcha el Servicio Público de Empleo (SPE), cuya finalidad es la de integrar, articular, coordinar y focalizar las políticas activas y pasivas de empleo, y potenciar el uso de los instrumentos de política para contribuir al encuentro entre la oferta y demanda de trabajo. Particularmente en Barranquilla, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, las cajas de compensación, agencias públicas y privadas hacen parte del SPE; es así como la Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de su Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo, conocida como: Centro de Oportunidades, lidera programas y proyectos que propenden a la vinculación productiva de los ciudadanos, a través de la generación de oportunidades de empleos. Es por ello la relevancia de diseñar un modelo de selección por competencias para la inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva en el Centro de Oportunidades, toda vez que este debe ser asegurador de la ampliación de oportunidades para la inserción productiva y económica, especialmente de los grupos poblacionales en situación de pobreza, discapacidad y vulnerabilidad del Distrito de Barranquilla.

Disponible también en formato CD.

Recurso bibliográfico disponible en la Colección de Trabajos de Grado.